Confabulación malsana entre políticos sin escrúpulos y empresarios sin responsabilidad social

Confabulación malsana entre políticos sin escrúpulos y empresarios sin responsabilidad social

Por Orbis Beltré

El Poder Ejecutivo arrendó a la familia Vicini los terrenos en Punta Catalina donde se están construyendo las plantas a carbón, por 50 años y por un monto que no se sabe, pero que nadie debería atreverse a dudar de que se trata de mucho más dinero de lo que habría implicado para el Estado dominicano, si se hubieran observado la Constitución dominicana y la ley 433-43, respecto a la Expropiación de Bienes Declarados de Utilidad Pública.

Señor Presidente Danilo Medina, ¿a usted se le olvidó el artículo 51, numeral 1, de la Constitución dominicana? ¿Era necesario comprometernos económicamente con la familia Vicini durante 50 años, pagando unos montos NO FIJADOS que siempre irán en aumento?

Evidentemente, aquí lo que hay es una confabulación malsana entre políticos sin escrúpulos y empresarios sin responsabilidad social, que ven al Estado dominicano como la ubre de una vaca lechera.

¡Increíble!

Mientras tanto, el señor Ministro de Interior y Policía está muy seguro de que somos los de la Marcha Verde quienes representamos un peligro para la democracia.

¡Increíble!

Esto es lo que establece la Constitución dominicana, en su artículo 51, numeral 1:

«El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

(Numeral 1, art. 51 de la Constitución dominicana):

“Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa».

Ya hemos visto lo que ordena y manda la Constitución dominicana respecto a la expropiación de bienes y cuándo procede. Y como el asunto es “DE CONFORMIDAD CON LA LEY”, esto es lo que establece la ley No. 344-43, modificada por la ley 700-74  sobre Procedimiento para las Expropiaciones de Bienes Declarados de Utilidad Pública por el Estado:

Art. 1: «Cuando por causas debidamente justificada de utilidad pública o interés social, el Estado, o las Comunes o el Distrito de Santo Domingo debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo, deban proceder a la expropiación de una propiedad cualquiera, el procedimiento a seguir será el indicado en la presente ley”.

Del procedimiento para la Expropiación de Bienes Declarados de Utilidad Pública: Ley 344-43, modificada por la ley 700-74:

Art. 2.- (Modificado por la Ley No. 108-05, modificada por la Ley No. 51-07):

“En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida, el Estado, los municipios, o las partes perjudicadas en ausencia de acción del Estado, o el Distrito Nacional por medio de sus representantes, debidamente autorizados, dirigen una instancia al juez de primera instancia competente o al tribunal de jurisdicción original, según el caso, solicitando la expropiación de la misma y la fijación del precio correspondiente. En caso de que la  expropiación afecte una parte del inmueble se debe acompañar a la instancia, el plano de subdivisión correspondiente donde se determine e identifique la parte expropiada; dicho plano debe ser aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y la parcela resultante no se registrará en la oficina de Registro de Títulos hasta tanto el juez interviniente no ordene su registro. Una vez iniciado el proceso judicial por ante el tribunal inmobiliario, el juez debe ordenar la inscripción del proceso de expropiación en el registro complementario del inmueble».

Párrafo I, art. 2, ley 344-43 sobre Procedimiento para la Expropiación de Bienes Declarados de Utilidad Pública:

«Una vez que la sentencia sea irrevocable, el juez interviniente debe ordenar el registro del o los inmuebles a nombre de quien corresponda”.

Art. 13, ley 344-43 sobre Procedimiento para la Expropiación de Bienes Declarados de Utilidad Pública (Modificado por la Ley No. 471 del 2 de noviembre de 1964):

“En caso de que no haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida y el Poder Ejecutivo declare la urgencia, el Estado, los Municipios y el Distrito Nacional podrá entrar en posesión de dichos bienes para los fines perseguidos por la expropiación una vez que se haya depositado en la Tesorería Nacional en una cuenta especial, fuera de la Cuenta República Dominicana, el valor fijado por el Catastro Nacional como precio de los mismos a reserva de discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante el Tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio de una instancia».

Párrafo I, art. 13, de la ley. No. 344-43, sobre Procedimiento para la Expropiación de Bienes Declarados de Utilidad Pública:

«Los valores a depositar de acuerdo con este artículo deberán ser hechos en cheques a favor del Tesorero Nacional remitidos por vía de la Contraloría y Auditoría General con las explicaciones correspondientes en cada caso. Párrafo II. (Agregado por la Ley No. 486 del 10 de noviembre de 1964). En caso de que se trate de un inmueble registrado, la entrega en posesión del mismo por el Estado, los Municipios o el Distrito Nacional, será ejecutada por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional correspondiente. Si fuere necesario dichos funcionarios podrán requerir el uso de la fuerza pública para los fines arriba indicados”.

Señor Presidente Danilo Medina, usted, que como Jefe de Estado juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, ¿podría demostrar, que en cuanto a los terrenos donde se construyen las plantas a carbón, en Punta Catalina, económicamente le convenía más al pueblo dominicano la opción de un arrendamiento por 50 años erogando unos montos NO FIJADOS que siempre irán en aumento, que la expropiación definitiva, como se indica en nuestra Carta Magna y en la ley No. 344-43?

Señor Presidente Danilo Medina, sobre las plantas a carbón que tanto defiende su Gobierno, que por demás se sospecha de que fueron sobrevaluadas en miles de millones de pesos, ¿usted podría explicarle al pueblo dominicano por qué no las consideró una causa justificada para declarar de utilidad pública los terrenos donde se construirían? ¿O será que es embuste que estas plantas sean de interés social?

(El autor es abogado).

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