Desarrollo material, democracia y libertad

Desarrollo material, democracia y libertad

 

Por Ernesto Jiménez

 

 

“El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política”. Carlos Marx

 

La República Dominicana es una hermosa nación caribeña colocada —citando al poeta Pedro Mir— “en el mismo trayecto del Sol”. Es una tierra ardiente, repleta de ingentes maravillas naturales que se manifiestan pletóricas desde sus blancas playas hasta sus montañas orgullosas. En adición, cuenta con un amplio repertorio de riqueza histórica y cultural que, se amplifica, al conjugarla con el principal activo nacional: su gente.

 

Sin embargo, todas estas bondades biológicas contrastan radicalmente con realidades sociales que, cual rémora incansable, persisten en lastrar los niveles de bienestar humano alcanzados. Forjando así, un panorama contradictorio que se empezó a gestar desde el mismo momento en que el almirante Cristóbal Colón llegó a las costas de Quisqueya y, sin mediar consenso ni explicación, decidió expoliar a los habitantes originarios de sus pertenencias, para a continuación, otorgárselas a criminales cuyo principal mérito era hacer un uso brutal e indiscriminado de la fuerza contra el pueblo indígena. Así inició el camino de usurpación, arbitrariedades, corrupción y pobreza que ha caracterizado la historia de esta tierra.

 

Ese triste relato ancestral pudiera parecer una anécdota de escaso arraigo en el devenir de la sociedad dominicana, sin embargo, la evidencia histórica ha demostrado que las atrasadas instituciones españolas y su tardía incorporación a la estructura de producción capitalista fueron el germen fatal que determinó el subdesarrollo inicial de las tierras conquistadas. Esto así, porque el sistema de explotación y esclavitud cruenta implementado en esa parte del caribe atrajo a los más desalmados aventureros españoles, los cuales, luego de exprimir hasta el extremo las riquezas de estos suelos, solían marcharse en busca de mejores senderos; y aquellos que no lograban partir, permanecían sumidos en condiciones de pobreza monetaria e institucional que se reprodujeron con un carácter intergeneracional a lo largo cientos de años de vida en comunidad.

 

Entre los siglos XIX y XX, a pesar de las invasiones, anexiones y guerras intestinas que plagaron a esta nación caribeña, gracias a la voluntad y al sacrificio de todo un pueblo deseoso de liberarse del yugo extranjero se forjó una patria independiente; pero lamentablemente, este pueblo heroico que, fue capaz de combatir contra los más poderosos imperios del planeta en aras de construir un Estado nuevo en América, carecía de las condiciones materiales de existencia que permitieran establecer instituciones democráticas que garantizaran la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Y esto lo explica la dialéctica marxista cuando establece que las condiciones materiales determinan las condiciones sociales de los pueblos, de ahí se entiende por qué, aunque desde la fundación de la República (1844) se establecieron esquemas formales de democracia representativa, este sistema paradigmático no empezó a echar raíces hasta finales del siglo XX, momentos en los que, la República Dominicana alcanzaba altos niveles de crecimiento económico y apertura comercial.

 

A partir de esa etapa fue posible iniciar un proceso de consolidación y fortalecimiento de las instituciones democráticas incipientes. Esto gracias a la superación de vetustos rezagos económicos estructurales, de los cuales, muchos aún siguen presentes, ya que, tal como planteó el profesor Juan Bosch, la República Dominicana es un país de capitalismo tardío.

 

Y es precisamente esa tardanza relativa en el camino del desarrollo económico la que ha retardado el acceso del pueblo dominicano a mayores grados de desarrollo institucional. En consecuencia, no es de extrañar que se mantengan comportamientos antidemocráticos y nocivos para el bienestar nacional que propugnan por trastocar pilares institucionales con miras a favorecer ambiciones particulares o que, por ejemplo, se utilicen prerrogativas gubernamentales para coaccionar las decisiones de amplios sectores sociales. Conformando así un conjunto de ominosas expresiones retrógradas que encarnan un grado de atraso institucional que se suponía superado. Por tanto, estas conductas deben ser rechazadas por las capas conscientes de la sociedad, pues evidentemente, representan un escollo para el progreso de la nación y ponen en peligro el sagrado derecho del pueblo a vivir en libertad.

 

(Ernesto Jiménez / El autor es economista y comunicador).

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