Dictan medida de coerción contra comunicadora por violencia intrafamiliar

Dictan medida de coerción contra comunicadora por violencia intrafamiliar

 

Enfrenta cargos por violación a artículos 309, numeral 1; y 331, numeral 2, modificados por la Ley 24-97

 

Baní, provincia Peravia. El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia impuso medida de coerción contra la periodista Patricia Báez Martínez, acusada de violar varios artículos de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar.

La medida coercitiva consiste en el pago de una garantía económica y presentación periódica, a la vez que ordena al Ministerio Público profundizar y completar las indagatorias relativas a la acusación que pesa en contra de Patricia Báez Martínez, otorgándole un plazo de seis meses para presentar al tribunal sus conclusiones.

Previo a la audiencia celebrada este lunes 8 de abril, la acusada había anunciado que no pagaría la garantía económica que se le solicitaría, y al recibir el fallo en su contra, reiteró que estaba feliz de ir presa, porque no iba a pagar. Poco después publicó en sus cuentas de redes sociales ´´Voy presa a Paya´´. Fue conducida al destacamento de cárcel preventiva de menores de Paya, donde estuvo detenida hasta que pagó la fianza.

La solicitud de las medidas coercitivas las elevó al tribunal Georgia Teresa Abreu Matos, fiscal titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, de Género y Delitos Sexuales de Peravia (UVGDS), quien resaltó los serios indicios que existen contra Patricia Báez Martínez por haber ejercido violencia intrafamiliar.

En contra de la imputada hay una denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Baní del 30 de agosto de 2018, y existía en su contra la orden de arresto ·01157-2018, emitida el 25 de octubre de ese año por la jueza Virginia Liburd Medina, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia, pero la fiscal actuante, Aurelina Cuevas, se negó a ejecutarla, interfiriendo en un proceso de investigación, razón por la cual fue suspendida en sus funciones y sometida a investigación por la Inspectoría de la Procuraduría General de la República.

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